El gobierno de Chile y el organismo ruso de gestión de exportaciones militares, ROSOBORONEXPORT, están ultimando los detalles finales de una compra de cinco helicópteros MIL Mi-17 V5. Los aparatos de fabricación rusa serán adquiridos para la Fuerza Aérea de ese país sudamericano, bajo un contrato valuado en USD 70 millones que será firmado en Agosto próximo.

La decisión de adquirir equipamiento militar ruso es inédita en Chile, que hasta ahora era el único país sudamericano que no emplea material bélico de esa procedencia. Países como Colombia, Ecuador, México, Perú y Venezuela ya utilizan este tipo de helicópteros, en tanto que Bolivia está estudiando adquirir una primera partida.

El primero de los cinco helicópteros será recibido en Chile dentro del primer trimestre del 2010. Los aparatos serán empleados para tareas de rescate de largo alcance, apoyo a la comunidad residente en áreas aisladas, y operaciones de socorro frente a desastres naturales como terremotos e inundaciones.

Por instrucciones del gobierno de Chile, las fuerzas armadas y el Cuerpo de Carabineros realizaron una evaluación conjunta de helicópteros entre los años 2003 y 2004. Aunque el Mil Mi-17 fue el mejor evaluado en ese informe como helicóptero de transporte, el ejército chileno optó por comprar una partida de helicópteros EC-725 del fabricante franco-alemán EUROCOPTER.

El precio de un MIL Mi-17V, estimado en USD 8 millones en configuración básica, es muy inferior a los 20 millones de dólares que vale un EC225 Súper Puma o EC725 Cougar nuevo. Es el único helicóptero de su categoría dotado de una rampa, que facilita el desembarque de tropas y de bultos. También puede ser artillado para su empleo como plataforma de ataque.

En configuración de transporte puede llevar a 35 soldados con su equipo, pero en una operación de rescate o evacuación de civiles en una emergencia podría transportar hasta 50 personas sin equipaje.

El fiscal Christer van der Kwast, encargado por la justicia sueca para investigar el posible empleo de métodos ilícitos –pago de sobornos y comisiones ilegales- por parte del fabricante local SAAB, para vender cazabombarderos Gripen en el exterior, cerró oficialmente el caso a mediados del presente mes. La investigación se centró en la posible colusión de SAAB con su asociado BAE SYSTEMS del Reino Unido, para concretar ventas a países como Sudáfrica, Hungría y República Checa.

Un vocero del fabricante de aeronaves y equipo militar sueco celebró el cierre de la investigación, subrayando que “la decisión confirma lo que hemos sostenido siempre, que ningún método ilegal ha sido aplicado por Saab”. Sin embargo, pocos días antes de dar a conocer su decisión de cerrar el caso, el propio fiscal van der Kwast explicó a la TV sueca que estaba cerrando la investigación no por falta de meritos, sino porque no contaba “con colaboradores o recursos suficientes” para avanzar en la investigación.

Una investigación paralela en desarrollo en Austria estableció que el Conde Alfons Mensdorff-Pouilly recibió USD 16,5 millones del fabricante británico BAE SYSTEMS, socio de SAAB en las campañas de venta del cazabombardero Gripen a República Checa y Hungría. La misma investigación estableció que parte de los dineros fueron traspasados por Mensdorff-Pouilly a operadores checos. El conde, que es esposo de la ex ministra de Salud de Austria, Sra. Maria Rauch-Kallat, insiste que es un simple agricultor, pese que en los últimos años ha llevado una vida de multimillonario, incluyendo viajes en jets privados y la compra de un castillo en Escocia.

Otra investigación lanzada por la justicia sueca en los años noventa, sobre el pago de sobornos a autoridades y figuras políticas de la India, para que favorecieran la venta de una importante partida de cañones de 155mm del fabricante sueco BOFFORS, también cerró por falta de medios para avanzar en las indagatorias, pese al descubrimiento de indicios sospechosos. Los encargados de una investigación paralela lanzada en la India, que también se quejaron de falta de recursos para desarrollar sus indagatorias, acusaron además entorpecimiento por parte de las autoridades suecas.

El nuevo comandante de las fuerzas aliadas en Afganistán, general del ejército estadounidense Stanley McChrystal, ha abordado la compleja tarea de evitar bajas civiles mediante nuevas reglas de enfrentamiento. Básicamente, los nuevos lineamientos tácticos establecen que las tropas desplegadas bajo el mandato de la ONU no responderán el fuego y se retirarán, cuando sean atacadas en zonas urbanas o pobladas. Sin embargo, bajo la nueva directiva las tropas de la OTAN o sus aliados todavía podrán hacer un uso defensivo de sus armas en las circunstancias descritas, pudiendo incluso solicitar apoyo de artillería y ataques aéreos, cuando no sea posible retirarse en forma segura o haya heridos propios.

La directiva táctica del general McChrystal es resultado de la creciente sensibilidad de la opinión pública internacional, ante el alto número de bajas civiles resultantes del empleo de bombas y misiles en apoyo de las operaciones aliadas en Afganistán. Lo recurrente es que, durante operaciones de patrullaje en zonas urbanas, las tropas aliadas sean atacadas por insurgentes apostados en techos y balcones. La respuesta es entonces el empleo de armamento pesado y ataques aéreos contra las viviendas en que se han apostado, dando como resultado numerosos muertos y heridos entre los civiles.

“No queremos una repetición de lo sucedido en Granai”, dice un alto oficial estadounidense no identificado, aludiendo a los enfrentamientos entre tropas de la OTAN y guerrillas talibán en la Provincia de Fara, que según la Cruz Roja Internacional y las autoridades afganas dejó un saldo de entre 120 y 150 civiles muertos, incluyendo mujeres, niños y ancianos. La OTAN sólo reconoce la muerte de cincuenta civiles. “Todos los beneficios y las ventajas tácticas obtenidas en una operación de ese tipo son anuladas por los enormes costos políticos que deja la muerte de los civiles”, sentencia el mismo alto oficial.