Las Demandas de Washington
Estados Unidos desplegó grandes esfuerzos para desalentar la creación de la Corte Penal Internacional, aduciendo temores de que un organismo así podría utilizarse para perseguir a ciudadanos estadounidenses por motivos políticos. Fue uno de los tan sólo siete Estados que votaron en contra de la aprobación del Estatuto de Roma.
La posición estadounidense experimentó un giro notable aunque efímero en Diciembre del año 2000, cuando el presidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma. Cinco meses después, en mayo de 2001, el nuevo gobierno del presidente George W. Bush revocó la firma y dio inició a una fuerte campaña de alcance mundial contra la CPI.
Washington ha hecho frente al proceso de ratificación invocando las cláusulas contenidas en el artículo 98 de los estatutos de la CPI, que exime a un estado de las obligaciones frente a la corte, si el o los individuos requeridos por esta gozan de inmunidad diplomática o son nacionales de otro estado con el cual ha subscrito un acuerdo de inmunidad. En este caso, la corte tendría autoridad para requerir y juzgar al o los individuos sólo si el tercer estado consiente a ello.
Así, a partir del año 2003, Estados Unidos decidió poner término a la ayuda militar a los países que decidieran no acceder a convenir un tratado de exclusión frente a la CPI en base al artículo 98. Aunque este mecanismo de presión ha logrado obtener acuerdos de este tipo de cerca de 100 países, que no querían ver interrumpida la ayuda militar estadounidense, ha sido sin embargo rechazado por varias naciones de África y América del Sur, como Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Venezuela.
En el caso de Chile, y pese a que la ratificación del Estatuto de Roma ha sido incluida en los programas de los dos últimos gobiernos de la Concertación de partidos de Centro-Izquierda, a sus jefes de gobierno les ha resultado imposible plantear la posibilidad de conceder dicha inmunidad a los ciudadanos estadounidenses, ya que ello alienaría a vastos sectores de su base electoral.
Por otro lado, la ratificación del Estatuto de Roma sin la concesión de la inmunidad demandada por Estados Unidos es rechazada por la opositora Alianza de partidos de Derecha. Ello se debe en parte a que ven en la ratificación del Estatuto de Roma una sesión de soberanía que resulta inaceptable, especialmente después de la detención de General Augusto Pinochet en Londres, como resultado de las pretensiones de competencia de la justicia española respecto de crímenes y situaciones de atropello a los Derechos Humanos que tuvieron lugar en Chile.
La oposición de Derecha, junto con algunos sectores del oficialismo, también ha manifestado exagerada preocupación ante la posibilidad de que Estados Unidos suspenda la ayuda militar a Chile. Sin embargo, la realidad es que dicha ayuda asciende a apenas cerca de 3 millones de dólares anuales, y que el resto de las transferencias de equipamiento militar –principalmente aviones de combate F-16 y distintos sistemas de arma- tiene lugar en el marco de transacciones. Estas últimas son debidamente pagadas por el Fisco chileno, por lo que difícilmente podrían catalogarse de ayuda.
Mientras, la oposición encontrada frente a sus demandas de inmunidad respecto de la CPI ha hecho que Washington relativice su posición, para prevenir efectos más adversos. Es así como las autoridades estadounidenses han venido planteando en el último tiempo que la posibilidad de suspender la ayuda militar, a los países que ratifiquen el Estatuto de Roma sin concederle inmunidad para sus ciudadanos, será revisada “caso a caso”.
Como sea, la adopción de una postura menos rígida por parte de Estados Unidos no parece haber sido notada en Chile, donde la oposición de Derecha sigue restando sus votos en el parlamento para la ratificación del Estatuto de Roma, lo que sin duda complicará la actuación de sus representantes en el CDH y su nueva imagen como campeón sudamericano de los Derechos Humanos.
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