El Contralor General de la República de Chile, Sr. Ramiro Mendoza, confirmó que la reinterpretación jurídico-constitucional de dictámenes de 1988 y 1994 permitirá la fiscalización de las cuentas y la gestión de las fuerzas armadas y de orden. Ello hará posible la apertura de sumarios para investigar posibles irregularidades y la aplicación de sanciones administrativas y acción penal sobre quienes resulten responsables de irregularidades o delitos comprobados.

La histórica resolución re-interpretativa equipara a las tres ramas castrenses – Ejército, Armada y Fuerza Aérea- y Carabineros (cuerpo nacional de policía uniformada bajo régimen militar) con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y la Policía de Investigaciones (PDI), dos organismos cuyos actos y cuentas son también fiscalizados por la Contraloría General de la República de Chile. El criterio aplicado con anterioridad, y que según los críticos de la nueva lectura establecía “jurisprudencia”, invariablemente eximia a las instituciones uniformadas de la supervisión del organismo contralor.

Aunque el dictamen fue emitido por la Contraloría el 10 de Junio de este año, fue hecho publico  recién el 6 de Noviembre por el diario electrónico El Mostrador (www.elmostrador.cl), editado en Santiago de Chile. El influyente diario El Mercurio de Santiago, de línea conservadora, reaccionó recogiendo la noticia al día siguiente, destacando que el dictamen era una “decisión autónoma” del organismo contralor, y que las fuerzas armadas aún no estaban interiorizadas respecto de sus alcances.

De acuerdo a lo que establecen la Constitución Política, el Estatuto Administrativo, la Ley de Bases de la Administración del Estado y la propia Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de Chile, este último organismo tiene competencia plena para la indagación de los créditos y deudas del fisco. Ello lo faculta para iniciar sumarios administrativos en todas las reparticiones públicas, y de acuerdo al dictamen mencionado, esa autoridad es también aplicable sobre las instituciones militares y de orden, cuyas leyes orgánicas no establecerían impedimento alguno para la fiscalización.
 
Los dictámenes emitidos anteriormente en 1988 y 1994 excluían a los organismos uniformados de dicha fiscalización, dando preeminencia al Código de Justicia Militar, que establece que es la Presidencia de la República la que dicta los reglamentos internos sobre los deberes, las faltas a la disciplina, y las normas de servicio. La nueva reinterpretación anula dichos dictámenes, estableciendo que, al margen de las normas relativas al deber y la disciplina militar, los miembros de las instituciones castrenses son empleados del Estado y están por lo tanto sujetos a las normas relativas al uso de los recursos del Fisco.

Compras Militares

Un aspecto clave de la extensión de la autoridad fiscalizadora de la Contraloría de Chile sobre las instituciones militares es aquella relativa a la supervisión y control del cumplimiento de las normativas legales y reglamentarias, en los procesos de licitación y compra de equipamiento bélico. El organismo está preparando ahora una modificación a la Circular N°520, el instrumento central que guía y norma los procesos de adquisiciones de la administración pública en Chile. Esta modificación incluirá nuevas normas para la instancia de "toma de razón", estableciendo que las decisiones de compra de equipamiento militar deberán ser sometidas al escrutinio del organismo contralor antes de concretarse, no después como venía ocurriendo hasta ahora.

Algunos medios de prensa de Chile comentaron la “preocupación” que el dictamen ha generado en círculos militares, donde ha sido considerada como “delicada” y “peligrosa” la posibilidad de que información de carácter reservado sea entregada a un organismo no castrense. Otros círculos recibieron bien la resolución de Contraloría, estimando que ella pondrá fin al secreto extremo y la auto-inhabilitación de los organismos civiles que habría impedido investigar y sancionar distintos casos de irregularidades en procesos de compra y gestión de las fuerzas armadas. Como ejemplo, se mencionaron el caso de los “Pinocheques” y el pago de comisiones en la compra de una partida de cazabombarderos Mirage belgas.

Los temores de los militares ante la fiscalización de un organismo civil no se limitan a Chile. La situación también tiene ecos en Perú, donde este mes la  Contraloría local solicitó al Ministerio de Defensa un informe sobre los proyectos de compra que las fuerzas armadas tienen en carpeta. El requerimiento del organismo contralor peruano se produce precisamente cuando las instituciones castrenses de ese país han presentado solicitudes de adquisición de equipamiento militar por más de 1.400 millones de soles al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

La petición de la Contraloría recuerda expresamente que, bajo la ley vigente, todas las compras y contrataciones de las fuerzas armadas, pese a ser secretas, deben contar con la aprobación previa del organismo. "Hemos advertido a los institutos armados, por intermedio del Ministerio de Defensa, que las compras secretas de armas son potencialmente peligrosas y que se requieren de medidas especiales para vigilar los procedimientos", dijeron fuentes del organismo contralor citadas por el Diario La República de Lima.

El comentario recuerda que el secreto de las compras militares amparó situaciones de extrema corrupción durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), incluyendo tanto el pago de comisiones y tráfico de influencias en torno a la compra de material que no estaba en las mejores condiciones, como también la venta de armas y munición a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).